Jefe policial de La Libertad le envió carta notarial a Arturo Fernández hace 6 días, pero burgomaestre no se rectifica de frases acusatorias contra oficial. Autoridad ya tiene una condena en apelación por difamación contra una policía
REDACCIÓN INVESTIGA
“Todo está en el Poder Judicial, todo está en el Poder Judicial, como corresponde”. Esta es la frase que repitió el jefe de la III Macro Región Policial de la Libertad, general PNP, Augusto Javier Ríos Tiravanti, respecto de las acciones que tomaría tras las graves acusaciones que recibió del nuevo alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán.
Así lo reveló al ser abordado luego de la actividad que organizó su institución por “Bajada de Reyes”. “Se trata de una querella de parte, no hay carpeta fiscal. En el Poder Judicial se resolverá el tema”, dijo el oficial respecto de la acciones que tomó tras la acusación de que su jefatura y su institución estarían presuntamente coludidas con las grúas delincuenciales coimeras, como lo indicó Fernández en la carta dirigida al Ministerio del Interior donde, además, pide el relevo de Ríos.
Al respecto, este lunes, el propio alcalde de Trujillo, a través de su cuenta personal de Facebook (Arturo Fernández – Alcalde de Trujillo), confirmó que el 4 de enero llegó a sus manos una carta vía notarial en la que el jefe policial le exige rectificarse de las acusaciones en su contra.
A pesar de ello, hoy se cumplen 6 días y aún no hay un pronunciamiento de rectificación por parte de la autoridad municipal, quien el fin de semana también denunció la pasividad de la autoridad policial frente a los invasores de terrenos.
Ya tiene una condena por difamación
Como se sabe, en agosto del año pasado, siendo candidato a la Alcaldía, Arturo Fernández fue sentenciado a un año de pena privativa de la libertad suspendida por incurrir en el delito de difamación contra la teniente de la Policía Nacional del Perú, Nataly Estefany Rojas Rojas, a quien se refirió con frases ofensivas e insultantes en un video que difundió a través de su cuenta de Facebook.
Por este caso, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo le impuso además 120 días de multa y el pago de una reparación civil de 5 mil soles a favor de la agraviada. La decisión judicial por supuesto fue apelada por la defensa del actual alcalde.
Como es sabido, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, una de las causales de suspensión en el cargo es tener una “sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad”.
Es decir, de no rectificarse con el jefe policial, puede abrirse un segundo proceso judicial contra Arturo Fernández. Sería el segundo que le impone un miembro de la Policía Nacional.