Daniel Marcelo y Roger Quispe, exalcaldes de APP y sentenciados por corrupción, son casos emblemáticos de autoridades que permanecen prófugos de la justicia. Debiendo cumplir prisión efectiva permanecen en libertad (desde hace más de dos años en uno de los casos). ¿Quién debe ejecutar su detención? ¿Realmente están siendo buscados?
13 de junio de 2021
Trujillo es la ciudad donde surgió y creció Alianza Para el Progreso (APP), siempre bajo el mando de César Acuña, quien estuvo a su vez siempre sostenido por un grupo de incondicionales que alcanzaron poder bajo su partido. Uno de estos fue sin duda Daniel Marcelo Jacinto, exalcalde distrital de La Esperanza y exburgomaestre de la Municipalidad Provincial de Trujillo, miembro de su entorno político más cercano hasta que una sentencia ratificada por corrupción lo apartó de la foto habitual con el César.
Sin embargo, esta figura de autoridad apepista sentenciado no tiene a Marcelo como exclusivo, antes estuvo Roger Quispe, el exalcalde de Moche. Ambos comparten hoy la misma condición, la de prófugos de la justicia. Aunque, por el tiempo transcurrido desde la emisión de las órdenes de captura en contra, es como si sus nombres no representaran mayor interés para los responsables de ejecutar su captura o ha sido superados en toda su capacidad de acción.
ROGER QUISPE
El 23 de enero del 2019 Roger Quispe fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Moche. Esto, luego de que se haya contratado de manera irregular a la empresa Megadiesel E.I.R.L, la que ganó la buena pro para la adquisición de repuestos, servicio de reparación de un cargador frontal y una moto niveladora. También fueron sentenciados los exfuncionarios José Wilfredo Rodríguez Azabache a la misma condena; y Johnny Mallap Rivera y Raúl Ricardo Rodríguez Asma a cuatro años de prisión suspendida.
El exalcalde de Moche también fue inhabilitado por dos años para ejercer cualquier función, cargo, comisión o empleo de carácter público para todos los procesados, así como una reparación civil solidaria de 35 mil 607 soles.
En junio del 2019 fue condenado a cinco años de prisión efectiva ya que se demostró que Róger Quispe —utilizando su cargo de alcalde y funcionario de la municipalidad de Moche— concertó con Juan Vallejos, representante legal de la empresa “Vallejos Service Ingeniería Digital E.I.RL., defraudando al Estado en la suma de S/. 98 693.00, por trabajos no realizados. José Wilfredo Rodríguez Azabache y Juan Juvencio Vallejos Goicochea en calidad de cómplices, recibieron cuatro años de pena de libertad suspendida.
DANIEL MARCELO
En octubre del 2020, con la pandemia ya iniciada llegaba también la última etapa del juicio contra Daniel Marcelo, exalcalde distrital de La Esperanza (Trujillo), por una sobrevaloración escandalosa en el alquiler de baños químicos durante la emergencia del Fenómeno El Niño en 2017. El ingeniero apepista había firmado el alquiler de cinco unidades de estos implementos por más de 78 mil soles, cuando —según investigación realizada por Ministerio Público—, el monto real en el mercado no superaba los dos mil soles. Por este caso se le dictó una sentencia de 4 años y 8 meses de prisión efectiva por el delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de negociación incompatible en afectación de la Municipalidad Distrital de La Esperanza.
Por este caso también fueron sentenciados Liz Mirella Miranda Medina (exjefa de Logística) también con orden de ubicación y captura, José Martines Ulloa (exgerente municipal) Lourdes Quezada (exencargada de Adquisiciones), Eliseo Flores Ramos (el proveedor), al encontrar vínculos como cómplices del accionar irregular del ex alcalde esperancino. También se les dictó una reparación civil de 100 mil soles de manera solidaria, así como la inhabilitación del ejercicio en cargo público para los exfuncionarios Marcelo Jacinto, Miranda Medina y Martínes Ulloa por un período de 4 años y 8 meses.
UBICACIÓN Y CAPTURA
Luego de dictarse las respectivas órdenes desde el Poder Judicial para la ubicación y captura de ambos condenados (en el caso de los dos ex alcaldes ninguno estuvo presente en su lectura de sentencia) es la denominada Policía de Requisitorias quien asume la misión de dar con el paradero de los requisitoriados y lograr su detención para el posterior traslado a un penal. El jefe de la región policial La Libertad, Coronel PNP Enrique Goicochea Chunga, sostiene que no hay ningún distingo en el tratamiento de estas órdenes de captura debido al cargo público que han ejercido estas personas y, sostiene que se les está requiriendo con la misma urgencia que a cualquier otro ciudadano buscado por la justicia y que hay operaciones de inteligencia detrás de los individuos con captura pendiente a pedido del Poder Judicial para que cumplan sus respectivas condenas.
OPINAN DESDE ADENTRO
Hernán Aquino, el actual regidor de la comuna trujillana, quien hace unos meses anunció que abandonaría las filas apepistas, señala que el no pronunciamiento del partido de César Acuña sobre las sentencias declaradas a autoridades electas bajo su organización política se puede interpretar como un ropaje de toda la organización en favor de estos personajes y que estas condenas están mellando la imagen de Alianza Para el Progreso lo que, desde su panorama, se evidencia en la cada vez menor cantidad de votos que obtienen en esta región y a nivel nacional.
Juan José Fort, exregidor y dos veces postulante al Congreso de la República, siempre por Alianza Para el Progreso, sostiene que no se debe vincular directamente al partido con los delitos o errores de sus integrantes ya que “son una fuerza política creada para servir a la población y no sacar provecho de las posiciones o cargos obtenidos”.
Fort Cabrera señala también que desde APP lo que les corresponde luego de una sentencia condenatoria hacia alguno de sus militantes es separarlos de la institución; sin embargo, hasta la fecha ambos exalcaldes prófugos de la justicia continúan figurando formalmente como partidarios apepistas, tal como se confirma en estas imágenes:
“Alianza Para el Progreso no es Roger Quispe, Alianza Para el Progreso no es Daniel Marcelo, Alianza Para el Progreso es una institución que está organizada a través de seres humanos que piensan en servir a la población y cuando una persona comete un delito, algún acto irregular y el Poder Judicial lo comprueba y lo demuestra a través de una sentencia, nosotros como APP lo que nos queda es simplemente separar esas personas de nuestra institución. (…) Nuestra institución no busca servirse de la política o de los cargos públicos, sino busca servir a la población (…) Alianza Para el Progreso no se mancha, es una institución con una doctrina sólida, que no va a avalar a ningún corrupto”, palabras de Fort que no son sostenidas por la evidencia.
El prófugo aprista
El otro alcalde liberteño en condición de prófugo es Carlos Alza Moncada, alcalde de la Municipalidad Distrital de Chocope, procedente de las filas del Partido Aprista Peruano. Éste tiene condena vigente por el delito de colusión agravada en torno a las irregularidades en la obra del mercado de Molino Canjanleque, por el que se pagó y solo se habría ejecutado el 15% de ella en el primer año de su gestión (2014).
En marzo de 2021 fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión, además deberá pagar una reparación civil de S/ 95 500.00 con 425 días de multa.
