La municipalidad otorgó la buena pro para ejecutar la obra a un consorcio que no demostró fehacientemente la experiencia del residente de obra propuesto, según la Contraloría.
28 de otubre de 2021
La Contraloría detectó irregularidades en el proceso de selección, ejecución y liquidación de la ampliación del sistema de agua potable e instalación de alcantarillado y letrinas sanitarias en el caserío de Cuypampa, en el distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión. El presupuesto de dicha obra ascendió a S/ 5 579 139.
De acuerdo al Informe de Control Específico N° 011-2021-2-0419-SCE, la Municipalidad Distrital de Curgos otorgó la buena pro para ejecutar la obra a un consorcio que no demostró fehacientemente la experiencia del residente de obra propuesto. Asimismo, se dio como ganador para la supervisión de obra a un postor que no acreditó su experiencia para dicha actividad.
El 21 de mayo del 2019, el residente de obra y el jefe de supervisión consignaron en el cuaderno de obra la culminación del 100% de las partidas contractuales, solicitando la recepción de obra, acción que se concretó el 5 de setiembre del 2019, pese a que el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Sánchez Carrión había advertido a la entidad edil presuntas irregularidades en la ejecución de las mismas.
Durante el proceso de liquidación de obra, se ha evidenciado que la entidad no cobró la penalidad por mora al consorcio ejecutor, ocasionando un perjuicio económico de S/ 557 913, a pesar que, mediante informes de control y servicios relacionados, se le advirtió al municipio de Curgos que dicho consorcio no habría ejecutado el 100% de las partidas contractuales, afectando la funcionalidad y operatividad de estos trabajos.
El equipo de auditores ha solicitado a la Procuraduría Pública Especializado en Delitos de Corrupción iniciar acciones penales contra el subgerente de Desarrollo Urbano y Rural, quien además era miembro del Comité de Recepción de Obra; y contra el jefe de Supervisión de Obra.
Asimismo, se ha notificado dicho informe al titular de la entidad para que tome las acciones correspondientes, a fin de deslindar responsabilidad de los funcionarios y servidores presuntamente involucrados en estos hechos.