Contraloría advierte que personal clave generó perjuicio económico de S/ 679 en la municipalidad distrital, ubicada en la provincia de Pataz, por no trabajar de manera permanente en obra.
31 de diciembre de 2021
La Contraloría identificó un perjuicio económico de S/ 679 mil en la Municipalidad Distrital de Ongón (Provincia de Pataz) durante la ejecución y liquidación de la obra de Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de letrinas con arrastre hidráulico y biodigestores en la localidad de Ongón. Cinco funcionarios y exfuncionarios tienen presunta responsabilidad penal y administrativa en estos hechos.
La obra valorizada en S/ 3 586 813, se inició el primero de febrero del 2019 y debía terminar el 30 de junio del mismo año, fecha en la que se cumplían los 150 días calendario del plazo de ejecución; no obstante, el 18 de mayo de 2019 se aprobó la suspensión del plazo por 45 días, luego, se otorgó una ampliación de plazo de 30 días, que finalmente se convirtieron en 60 días por demoras en la elaboración y aprobación del expediente técnico para la ampliación del sistema de alcantarillado existente en reemplazo de las unidades básicas de saneamiento con arrastre hidráulico.
En la Auditoría de Cumplimiento n° 20289-2021-CG/GRLIB-AC se ha constatado que el plazo contractual que otorgó la entidad culminó el 14 de setiembre del 2019, pero los trabajos se terminaron el 13 de noviembre del 2019, situación que ameritó el cobro de penalidades; sin embargo, estos hechos no fueron advertidos por los funcionarios quienes dieron la conformidad y liquidación del contrato de obra.
Además, se ha identificado que el ingeniero residente propuesto inicialmente por el contratista, así como su reemplazo, ocuparon cargos de jefes de supervisión en obras en otras jurisdicciones diferentes a Ongón durante el periodo de ejecución del proyecto.
Sumado a ello, el profesional ofertado como asistente de residente también se desempeñó, en simultáneo, en el puesto de residente en otras obras públicas convocadas por el Instituto Tecnológico de la Producción y la Municipalidad Distrital de San Benito, situación que vulnera la Ley de Contrataciones del Estado. Ello evidencia que los mencionados profesionales no desempeñaron labores de manera directa y permanente en la obra convocada por la Municipalidad Distrital de Ongón, sin embargo, los funcionarios de la entidad pagaron por servicios no prestados.
También se aprobaron y pagaron valorizaciones que incluían metrados no ejecutados referidos a los componentes línea de conducción y aducción de agua potable, conexiones domiciliarias de alcantarillado, flete terrestre, entre otros.
Posible contaminación del agua
Un aspecto relevante detectado por la comisión auditora está referido a la ausencia de componentes en el cerco perimétrico y en la instalación del sello hidráulico en la captación del sistema de agua potable, los cuales, si bien no fueron incluidos en la oferta del contratista ni se valorizaron, impide que insectos u otros agentes contaminen el líquido elemento.
La entidad tampoco cuenta con un plan de mantenimiento del sistema de agua potable, ni del sistema de alcantarillado, incluyendo los tanques, lo cual no asegura que se cumpla con la vida útil del proyecto, además de generar riesgos para la salud de los beneficiarios por el consumo de agua no segura; así como existe el riesgo de contaminación del entorno por una inadecuada disposición de aguas grises y residuos sólidos.
Todo ello se originó por la inconducta de los supervisores de la obra y de los jefes de obra de la entidad por dar conformidad al pago de valorizaciones del contrato principal y de la prestación adicional, incluyendo trabajos no ejecutados; así como, los miembros del Comité de Recepción por no observar el incumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra, entre otros. Actualmente dos de las cinco personas involucradas siguen laborando en la entidad.
El informe de control fue notificado al Procurador Público de la Contraloría General de la República para que inicie acciones legales contra los funcionarios mencionados. Asimismo, se ha notificado al titular de la entidad, para que inicie las acciones administrativas correspondientes contra los funcionarios y servidores comprendidos en estos hechos irregulares.