Hoy se cumplen 14 días desde que tres trabajadoras nombradas del Gobierno Regional de Junín, con más de 35 años de experiencia, fueron desaforadas de sus despachos sin motivo alguno, por lo que han presentado demandas contra Zósimo Cárdenas y otros funcionarios del Gobierno Regional de Junín.
Abuso de autoridad es el delito que se le imputa al gobernador, quien, según les comentaron, ordenó su desalojo. «Nos dijeron que vino a inspeccionar las oficinas y como vio nuestros lugares vacíos, mandó a que los que trabajan en Procuraduría ocupen nuestro lugar», refiere Norma Jiménez, una de las afectadas.
Edith Romero y Celinda Huamán son las otras involucradas, todas laboran en la Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información, pero no saben dónde están sus escritorios ni sus computadoras.
Las tres mujeres estuvieron fuera de la oficina 506, del quinto piso, dos por motivo de vacaciones y una porque estaba de luto. Compartían el espacio con la oficina de Procuraduría Pública Regional, pero cuando volvieron a trabajar el 3 de enero de 2024, sus lugares ya estaban ocupados.
Trabajan desde auditorio
El jefe de Recursos Humanos, Luis Enrique Rivera, refirió: «las trabajadoras fueron por voluntad propia al auditorio». Aquí, solo atienden consultas de las direcciones regionales, ya que no pueden acceder a sus documentos porque sus estantes están lacrados.
«Pero, ¿a dónde vamos a ir entonces?, no es por voluntad propia, nos hemos visto obligadas a venir aquí», responde Edith, quien cumple este año 41 años de servicio en la entidad regional, desde una de las butacas del auditorio.
Por ser vulnerados sus derechos laborales, las trabajadoras perjudicadas presentaron una demanda contra el gobernador regional, el gerente regional Roy Gonzales, el procurador Edgar Vidal y los que resulten responsables.
El gremio al que pertenecen prevé una nueva medida de protesta por el atropello hacia sus colegas.
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